Los retos del Perú para los próximos 5 años en el ámbito de las políticas públicas digitales

El Instituto es una organización adscrita al sector académico que está comprometida con el desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento en el Perú. En ese sentido, consideramos indispensable posicionarnos sobre aquellos temas de la agenda digital cuya conducción será asumida por el gobierno entrante y que definirán cómo seguimos trabajando en esta accidentada (y a veces ingrata) labor de hacer de la tecnología un instrumento más de nuestro progreso.

La posta que entrega el gobierno saliente

Seguramente en los próximos meses y años podremos sentarnos a evaluar de forma más objetiva la performance del gobierno saliente, pero ahora mismo podemos partir por señalar hechos concretos que determinarán lo que está por venir. En el caso de las políticas públicas digitales, estos son 3 de los hechos que consideramos más importantes y sobre los cuales el gobierno entrante tendrá que posicionarse:

La Secretaría de Gobierno Digital llega muy fortalecida

La Secretaría de Gobierno Digital, que es la entidad pública encargada de dirigir los esfuerzos de digitalización en el Estado Peruano, ha adquirido una mayor trascendencia en los últimos años gracias a diferentes leyes promulgadas por el gobierno saliente. Por ejemplo, en 2018 se publicó el Decreto Legislativo N° 1412, “Ley de Gobierno Digital” que le otorgó facultades exclusivas sobre el diseño y ejecución de políticas públicas digitales a nivel nacional. De igual forma, en 2020 se publicaron los Decretos de Urgencia 006 y 007, de “Transformación Digital” y “Confianza Digital” respectivamente, que reafirmaron su rectoría e iniciativa sobre materias que hasta entonces correspondía a otras entidades. 

De ser una pequeña oficina orientada a asesorar el despliegue de medios informáticos en el Estado, la Secretaría ha pasado a ser el actor más relevante del Poder Ejecutivo en lo que se refiere al planeamiento de políticas públicas digitales, desplazando así a entidades con liderazgo previo como el RENIEC o el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Si bien no fue mencionada explícitamente en el mensaje del presidente Castillo, esta entidad jugará un papel importante en algunas de las promesas que este ha mencionado, como es el caso de aquellas que tienen que ver con la agricultura, la publicidad y la conectividad .  

No obstante, si bien este fortalecimiento institucional está respaldado en leyes, todavía no está claro de qué manera la Secretaría articulará sus esfuerzos con el de otras entidades públicas, especialmente en asuntos de gestión crítica. Hay varios obstáculos a la vista. Por ejemplo, pese a su crecimiento, la Secretaría ocupa un nivel jerárquico inferior respecto de Ministerios y Organismos Constitucionalmente Autónomos. Además, al depender de la Presidencia del Consejo de Ministros, está sujeta al vaivén político y su capacidad de maniobra es limitada. En ese sentido, vuelve a venir al caso preguntarse si no ha llegado la hora de que esta entidad sea repensada como una oficina de mayor jerarquía, en la forma de un Ministerio o inclusive de un Organismo Autónomo.

La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica se ha quedado sin operador

El modelo de conectividad peruano, que es similar al de la mayoría de países de Latinoamérica, se basa principalmente en el impulso desde el Estado de un entorno de competencia en el que concurren proveedores privados y que solo es intervenido a través de la regulación para corregir las fallas del mercado. Sin embargo, este modelo, que rindió buenos frutos durante los años 90, finalmente encontró su límite en el hecho de que en una buena parte del territorio nacional, sobre todo en el ámbito rural, a las empresas no les resulta rentable desplegar infraestructura ni proveer servicios de acceso a Internet a los usuarios finales.  

Con el fin de ampliar la cobertura, en 2012 se aprobó la Ley de Banda Ancha, cuyo principal resultado fue la licitación para la construcción y operación de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, uno de los proyectos de conectividad más ambiciosos impulsados por el Estado Peruano. La Red Dorsal fue un proyecto destinado a abaratar los costos de operación de los proveedores privados, así como ser el soporte de la conectividad para las entidades públicas. La modalidad elegida para la ejecución fue la de concesión, bajo un esquema de inversión público-privado. El ganador de la concesión fue la empresa Azteca, que debía desplegar la Red y operarla durante 20 años (2014-2034).

Sin embargo, a inicios de este año, el gobierno saliente decidió dar por concluido el contrato con Azteca de forma unilateral, aduciendo varios incumplimientos  por parte de esta empresa. Con esta decisión, la Red Dorsal se quedará oficialmente sin operador a partir del año 2022. El gobierno entrante deberá tomar varias decisiones al respecto. Para empezar, a quién se encargará la operación de la Red Dorsal el próximo año. Luego, deberá decidir bajo qué reglas se buscará un nuevo operador. En su mensaje, el presidente Castillo señaló dos cosas que podrían dar una luz sobre lo que se piensa hacer: La primera es que ha dicho que se garantizará el acceso a Internet como un derecho. La segunda es que va a ordenar que la Red Dorsal se utilice de inmediato y en modo “intranet”. 

El Congreso ha asumido el rol de regular las plataformas digitales

Parece una verdad de Perogrullo de nuestra época, pero decir que la tecnología digital nos ha cambiado la vida, es la mejor y más sencilla forma de expresar cuál es el impacto que esta ha tenido y tiene actualmente. Siendo más específicos; Internet, las plataformas digitales y las aplicaciones móviles han cambiado en gran medida la forma en que trabajamos, nos relacionamos con otros y consumimos todo tipo de bienes y servicios. Por ello, no es extraño que los gobiernos en todo el mundo hayan propuesto diferentes tipos de regulación. En el caso de Perú, quien ha asumido este rol más que ningún otro es el Congreso Peruano. 

Solo por mencionar ejemplos más o menos recientes, en el Congreso pasado se discutieron varios proyectos de ley para regular los taxis por aplicativo y los servicios de delivery, también otros para establecer patrones de conducta en redes sociales, sancionar nuevos delitos cometidos por Internet, combatir las noticias falsas, establecer permisos de operación para el comercio electrónico, etc. En su mayoría, estas iniciativas adolecen de muchos problemas, siendo el principal la falta de sustento técnico y la carencia de un análisis de impacto regulatorio. Esto imposibilita una discusión pública racional cuyas consecuencias pueden ser (y son) perjudiciales, no solo para las tecnologías reguladas, sino para los usuarios que se benefician de ellas.

Salvo algunas materias aisladas (por ejemplo, en el caso de gobierno digital, protección de datos y comercio electrónico), el gobierno saliente no asumió ningún liderazgo en el ámbito de las políticas públicas digitales, pese a que el Poder Ejecutivo es la rama del Estado mejor posicionada para la discusión y producción de este tipo de políticas. El gobierno entrante tendrá que decidir si desea mantener el status quo o asumir un rol mucho más proactivo y menos reactivo como ha venido siendo los últimos años.

¿Qué creen que ocurrirá finalmente?